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Lugar: Colombia Evento:  Manifestaciones en Colombia el 25 de noviembre de 2021 La Embajada de Estados Unidos está al tanto de las actividades de manifestación previstas para mañana, 25 de noviembre de 2021, en toda Colombia.      Se esperan manifestaciones y marchas, que pueden afectar los viajes y podrían volverse violentas, en los siguientes lugares de Bogotá:    Estaciones de Transmileno en Américas, Suba Bosa y Universidad Nacional, Pedagógica y Distrital Se esperan posibles marchas desde los siguientes puntos a … Leer más”

Declaración de prensa Antony J. Blinken, Secretario de Estado 24 de noviembre de 2021 En nombre del pueblo y del Gobierno de los Estados Unidos, felicito a Colombia por el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz.    El Acuerdo de Paz de Colombia de 2016 puso fin a cinco décadas de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y representa el camino hacia una paz duradera.    Los Estados Unidos tienen un … Leer más”

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá está realizando una verificación anual de las inscripciones en STEP. Por favor, ingrese a su cuenta de STEP para verificar que su perfil, números de teléfono, dirección de correo electrónico, fechas de viaje y ubicación en Venezuela estén actualizados. Si no puede hacer esos cambios usted mismo, puede comunicarse con nosotros en [email protected] , y nosotros … Leer más”

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch señalaron los abusos cometidos por la policía contra los manifestantes, mientras que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez pidió al pueblo que apoyara las acciones de la policía y los soldados durante las protestas[13].

Ingreso Solidario, un programa social de ingreso básico universal introducido por el gobierno de Duque durante la pandemia,[9] ya había proporcionado en ese momento trece pagos mensuales de alrededor de 43 dólares a las poblaciones de bajos ingresos desde abril de 2020. [Tres millones de los cerca de cincuenta millones de colombianos eran elegibles para los pagos de Ingreso Solidario, siendo el programa de menor escala en comparación con otros países latinoamericanos[9]. Según Merike Blofield, directora de la división latinoamericana del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área, “en comparación con otros países de la región, la cobertura que ofrece Ingreso Solidario es extremadamente débil . Para los 3 millones de personas que lo recibieron, sin duda supuso una diferencia. Pero había cinco veces más hogares que lo necesitaban”[9].

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Cali es el epicentro de los disturbios que convulsionan a Colombia desde hace más de un mes. Un proyecto de ley de reforma fiscal propuesto por el presidente derechista Iván Duque provocó protestas a finales de abril, en las que miles de personas respondieron a un llamamiento de los sindicatos nacionales para oponerse a la medida.

El gobierno defendió la propuesta de aumento de impuestos como una medida muy necesaria para reparar la economía tras las consecuencias del coronavirus. Los que se oponen a la legislación la consideran una carga más para las familias de clase media y más pobres, que ya se encuentran en una situación precaria, también a causa del coronavirus.

La ira por el proyecto de ley fiscal también se convirtió en una salida para los agravios reprimidos contra las estructuras económicas de Colombia y su élite política. “Sólo hace falta una chispa cuando hay mucho descontento”, dijo Muni Jensen, asesor principal del Albright Stonebridge Group y ex diplomático colombiano.

Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes o procedentes de comunidades marginadas, se manifiestan sobre la desigualdad estructural, la pobreza, la reforma agraria, la atención sanitaria y la falta de educación y oportunidades. Muchas de estas presiones han existido en Colombia durante años, pero se han agudizado de forma dramática durante la pandemia.

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El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto armado de 52 años y supuso un descenso inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia relacionada con el conflicto ha adoptado desde entonces nuevas formas, y siguen produciéndose graves abusos. La violencia asociada a los conflictos ha desplazado por la fuerza a más de 8,2 millones de colombianos desde 1985.

En 2020, la población civil de diversas partes del país sufrió graves abusos a manos de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos sucesores de los paramilitares. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios se enfrentan a amenazas de muerte y violencia generalizadas. El gobierno no ha tomado suficientes medidas para protegerlos.

La impunidad de los abusos cometidos en el pasado, los obstáculos para la restitución de las tierras a los desplazados, las limitaciones a los derechos reproductivos y la extrema pobreza y el aislamiento de las comunidades indígenas siguen siendo importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia.

En junio de 2017, la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los guerrilleros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno habían entregado sus armas a la misión. El grupo guerrillero desmovilizado anunció posteriormente que estaba formando un partido político.