Que es el caso gurtel

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Era un vendedor de productos dietéticos que hizo creer a Ángel Correa que era juez de la Audiencia Nacional y que podía hacer que Baltasar Garzón renunciara a investigarle. Se sospechó que podía ser un agente de policía infiltrado, pero nunca se pudo demostrar porque se suicidó unos meses después.

Era el padre del testaferro de Luis Bárcenas. Su participación fue considerada clave en los movimientos económicos de la trama. Ni siquiera pudo ser citado en el juzgado porque falleció cuatro días después de ser imputado y una semana antes de tener que declarar.

Era el antiguo jefe de prensa de Javier Arenas y estaba acusado de ser el intermediario en la adjudicación de exposiciones a empresas vinculadas a Francisco Correa. Apareció muerto en un barranco de Málaga después de tres días de haber desaparecido con su moto.

Fue tesorero del PP entre 1993 y 2008, antes de Bárcenas. Su participación en la trama no pudo ser investigada porque en 2016 se archivó la investigación contra él por “demencia sobrevenida”. En 2013 sufrió una caída en su casa que le dejó en coma y en 2015 una angina de pecho. Falleció en 2018.

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Las acusaciones incluyen soborno, blanqueo de dinero y evasión fiscal. Implican a un círculo de empresarios liderado por Correa y a políticos del Partido Popular, aunque algunas de las pruebas se refieren a los participantes por iniciales y apodos como “Luis el Cabrón”. Las presuntas actividades ilícitas están relacionadas con la financiación del partido y la adjudicación de contratos por parte de los gobiernos locales/regionales en Valencia,[2] la Comunidad de Madrid y otros lugares.

Las primeras estimaciones sobre las pérdidas de dinero para las finanzas públicas ascendían al menos a 120.000.000 de euros,[3] mientras que algunos de los supuestos sobornos pagados a cambio no eran especialmente cuantiosos (por ejemplo, artículos de ropa de lujo)[4].

Se inició una investigación judicial por parte de Baltasar Garzón, el juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el tribunal que investiga los casos penales más importantes en España, incluyendo el terrorismo, el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Garzón hizo detener a cinco sospechosos, entre ellos Correa, en febrero de 2009.

La investigación se alargó por varias razones, entre ellas el número de sospechosos y los retrasos en la recepción de información de los bancos extranjeros. En 2014 el juez Ruz anunció que estaba en condiciones de proceder contra 45 sospechosos, tras dividir el caso en diferentes “épocas”, la primera de ellas relativa a los delitos presuntamente cometidos en el periodo 1999-2005[11]. Sin embargo, Ruz había sido apartado del caso cuando la primera parte llegó a juicio en 2016.

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