Que dice la ley celaa

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ACTUALIZACIÓN: Tanto la Comisión de Peticiones (PETI) como la Comisión Europea han examinado la Ley Celaá en sus últimas reuniones. En sus presentaciones, los cinco peticionarios expusieron argumentos para proteger la libertad de enseñanza en España.

Por su parte, la Comisión Europea sólo analizó una de las cinco peticiones presentadas al PETI y sólo devolvió una evaluación primaria de la petición de la CONCAPA (0627/2020). A este respecto, subrayó que la educación es competencia de los Estados miembros y señaló que la jurisdicción de la UE desempeña un papel limitado en el sector educativo de los Estados miembros. La Comisión no encontró una infracción de la legislación de la UE por parte del Gobierno español, basándose en la escasa información disponible. Dejó el asunto en manos de las autoridades nacionales españolas, alegando la falta de motivos para su propia intervención.

Tras el debate, la Comisión PETI mantuvo abiertas todas las peticiones y solicitó varias acciones de seguimiento. En primer lugar, PETI solicitó que la Comisión enviara sus dictámenes sobre las cuatro peticiones restantes (1420/2020, 1424/2020, 0076/2021 y 103/2021). En segundo lugar, solicitó que la Comisión investigara el asunto no desde el punto de vista de las competencias en materia de educación, sino con vistas a posibles violaciones de la libertad de elección de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos, así como a violaciones del pluralismo educativo.

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Este nuevo texto busca conseguir un mejor rendimiento educativo, siguiendo las directrices de la Comisión Europea, la OCDE y la Agenda 2030 y, con ello, mejorar también la posición de España.

La LOMLOE es el resultado de un amplio proceso participativo: más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consulta; varias reuniones celebradas por la Conferencia Sectorial de Educación -máximos representantes educativos de las comunidades autónomas-; importantes aportaciones recibidas de la mayoría de las comunidades autónomas, de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios y reuniones bilaterales o multilaterales celebradas con un centenar de asociaciones del mundo educativo.

4.        En cuarto lugar, la ley reconoce la importancia de abordar el desarrollo sostenible establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global deben incluirse en los planes y programas de toda la enseñanza obligatoria.

5.        Por último, la reforma insiste en la necesidad de considerar el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que afecta a las actividades educativas. Con el objetivo de adaptar el sistema educativo a los avances digitales, se prevé en el texto la atención al desarrollo de la competencia digital del alumnado en todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal.

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La reforma educativa en españa

Desde el restablecimiento del régimen democrático en 1977, la política educativa está regulada directamente por el artículo 27 de la Constitución española (1978), que afirma el derecho fundamental a la educación gratuita. Sin embargo, el reparto de competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas no está directamente definido en la Constitución. De hecho, según el artículo 149.3 la mayoría de las competencias en materia de educación pueden ser eventualmente transferidas a las Comunidades Autónomas, pero éstas sólo pueden legislar sobre aquellas cuestiones que la legislación marco haya dejado abiertas, o sobre las que el Estado no haya aprobado aún leyes marco, o no encuentre razones para hacerlo. Paradójicamente, las Comunidades Autónomas tienen un amplio abanico de competencias en materia de educación: la titularidad administrativa de los centros educativos; la fundación, la construcción y la gestión de los centros educativos; la supervisión del profesorado y del resto del personal; y la organización de la vida cotidiana en los centros.