Ley de amnistía de 1977

Atrocidades de la guerra civil española

Una ley que concede una amnistía a los autores de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Francisco Franco cumple hoy 40 años y sigue en vigor, en medio de las críticas de los familiares de los desaparecidos y asesinados en el país.

La legislación contempla “las acciones y omisiones de intencionalidad política o social sancionadas como delito o falta por el régimen desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, y declarar nulas las correspondientes penas y sanciones de cualquier clase impuestas o que puedan imponerse por dichos hechos”.

Ley de memoria democrática

El Pacto del Olvido es la decisión política de los partidos de izquierda y derecha de España de evitar enfrentarse directamente al legado del franquismo tras la muerte de Francisco Franco en 1975[1].

Para facilitar la transición de la autocracia a la democracia, el Pacto garantizó que no se juzgara a los responsables de violaciones de los derechos humanos o de delitos similares cometidos durante el periodo franquista.

Por otro lado, los monumentos públicos franquistas, como el mausoleo del Valle de los Caídos, quedaron en desuso para los actos oficiales[3] Asimismo, la celebración del “Día de la Victoria” durante el franquismo se cambió por el “Día de las Fuerzas Armadas”, de modo que se respetó tanto a los nacionales como a los republicanos de la Guerra Civil.

El pacto apuntaló la transición a la democracia de la década de 1970 y garantizó que se suprimieran las cuestiones difíciles sobre el pasado reciente por miedo a poner en peligro la “reconciliación nacional” y la restauración de las libertades liberal-democráticas. La responsabilidad de la Guerra Civil española, y de la represión posterior, no debía recaer en ningún grupo social o político en particular. En la práctica, esto suponía suprimir los recuerdos dolorosos derivados de la división de la población en “vencedores” y “vencidos” tras la guerra civil”[4]. Aunque muchos historiadores aceptan que el pacto sirvió para algo en el momento de la transición,[5] hay más controversia sobre si debe seguir cumpliéndose. Paul Preston opina que Franco tuvo tiempo de imponer su propia versión de la historia, lo que todavía impide a la España contemporánea “contemplar su reciente y violento pasado de forma abierta y honesta”[6].

Ley de memoria histórica españa

Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura), comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica, es una ley española aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. [1] Se basa en un proyecto de ley propuesto por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley de Memoria Histórica reconoce principalmente a las víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil española, otorga derechos a las víctimas y a los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura del general Francisco Franco, y condena formalmente las represiones del Régimen de Franco.

Tanto el conservador Partido Popular como Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) votaron en contra de la aprobación de la ley, pero por motivos diferentes[2]. Para su voto negativo, el Partido Popular acusó al gobierno del Partido Socialista de debilitar el consenso político de la transición a la democracia y de “utilizar la Guerra Civil como argumento de propaganda política”, mientras que Izquierda Republicana de Cataluña rechazó la ley por considerarla insuficiente[3][4].

La ley de amnistía en españa

Una ley de amnistía es cualquier disposición legislativa, constitucional o ejecutiva que exime con carácter retroactivo a un grupo selecto de personas, normalmente jefes militares y dirigentes gubernamentales, de la responsabilidad penal por los delitos que cometieron[1]. Más concretamente, en la “era de la rendición de cuentas”, las leyes de amnistía han llegado a considerarse como la concesión de impunidad por la violación de los derechos humanos, incluyendo medidas institucionales que impiden el enjuiciamiento por dichos delitos y que indultan a los ya condenados, evitando cualquier forma de rendición de cuentas[2].

Muchos países han sufrido revoluciones, golpes de estado y guerras civiles. Después de estos disturbios, los líderes del régimen saliente que quieren, o se ven obligados, a restaurar la democracia en su país se enfrentan a posibles litigios en relación con las acciones de “contrainsurgencia” llevadas a cabo durante su reinado. No es infrecuente que se presenten acusaciones de abuso de los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad. Para superar el peligro de enfrentarse a un juicio, muchos países han absuelto a los implicados de sus presuntos delitos.