Empresas que se irian de cataluña si se independiza

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La salida de grandes empresas de Cataluña ha sido noticia y estos movimientos están influyendo, sin duda, en el confuso “procés” hacia la independencia liderado por el Gobierno catalán. Se discute mucho sobre la posibilidad de retorno y las consecuencias en la economía de Cataluña (recomiendo este artículo). Por eso es fundamental entender qué es el domicilio social y su importancia.

Algunos dicen que es un cambio de dirección postal. Y lo es: el domicilio social es la dirección oficial de una empresa: aparece en sus Estatutos, en su registro y en sus documentos y facturas. Permite a cualquier socio o tercero saber dónde contactar con la empresa.

Pero es mucho más que eso. El domicilio social también determina la nacionalidad de la empresa (artículo 8 de la Ley de Sociedades Anónimas o LSC). Esta es la razón esencial de los recientes cambios: si Cataluña se independiza de hecho, las empresas con domicilio social en Cataluña cambiarían de nacionalidad. Como según los Tratados de la UE la independencia implicaría que Cataluña dejaría de formar parte de la UE, las empresas quedarían automáticamente excluidas del mercado único europeo. No se beneficiarían del derecho a la libertad de establecimiento consagrado en los artículos 49 y 54 del Tratado. Cualquier exportación al resto de España o a la Unión Europea estaría sujeta a aranceles y otras restricciones; cualquier servicio tendría que ser autorizado. Supondría un grave problema para cualquier empresa que tenga una actividad significativa en el resto de España o en los países de la UE.

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Los inicios del separatismo en Cataluña se remontan a mediados del siglo XIX. La Renaixença (renacimiento cultural), cuyo objetivo era la recuperación de la lengua y las tradiciones catalanas, condujo al desarrollo del nacionalismo catalán y al deseo de independencia[9][10] Entre las décadas de 1850 y 1910, algunos individuos,[11] organizaciones[12] y partidos políticos[13] comenzaron a exigir la plena independencia de Cataluña de España.

El gobierno español remitió la declaración al Tribunal Constitucional español, que dictaminó en marzo de 2014 que la declaración de soberanía era inconstitucional. Sin embargo, el tribunal no rechazó el “derecho a decidir”, argumentando que ese derecho no implicaba necesariamente la soberanía o la autodeterminación[40][41].

Al mes siguiente, CiU, ERC, ICV-EUiA y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) acordaron celebrar el referéndum de independencia el 9 de noviembre de 2014, y que en él se formularían dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?” y (en caso afirmativo) “¿Quiere que este Estado sea independiente?”[43] El 11 de septiembre de 2014 tuvo lugar otra manifestación masiva, la Vía Catalana 2014, en la que manifestantes vestidos con los colores catalanes, amarillo y rojo, llenaron dos avenidas de Barcelona formando una “V” gigante, para pedir la votación[44] Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno catalán cambió la votación por un “proceso de participación ciudadana” y anunció que sería supervisada por voluntarios. [El gobierno español recurrió de nuevo al Tribunal Constitucional, que suspendió el proceso a la espera del recurso, pero la votación siguió adelante[45] El resultado fue un 81% de votos a favor del sí, pero la participación fue sólo del 42%, lo que podría considerarse como una mayoría opuesta tanto a la independencia como al referéndum[46] Posteriormente se presentaron cargos penales contra Mas y otros por desafiar la orden judicial[45].

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“No es dramático, ni se esperaba que lo fuera, pero es un cambio”, dice.Un cambio de domicilio social no implica necesariamente un traslado general de personal, de producción o de todas las oficinas. Sin embargo, en muchas ocasiones ha ido acompañado de un traslado de domicilio fiscal que implica que un grupo de directivos debe cambiar de ubicación.En cuanto al pago de impuestos, el cambio de domicilio no tiene un impacto directo en la economía española en cuanto a los impuestos de sociedades, que son recaudados por la Administración del Estado.Pero la fuga de miles de empresas a otras regiones sería un golpe masivo para la hipotética Agencia Tributaria catalana que proponen los políticos secesionistas.

El Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español, decidió el 5 de octubre cambiar su domicilio social a Alicante, en el sureste de España, poniendo fin a una historia de 130 años de asociación con Cataluña. Ese día se supo que el Gobierno estaba preparando la autorización para que las empresas puedan trasladar su domicilio social sin la aprobación del consejo de administración.La norma, que en la práctica agiliza el cambio de domicilio, fue aprobada al día siguiente en el Consejo de Ministros.Ese mismo día, 6 de octubre, Caixabank, el segundo banco español por activos, anunció el traslado de su domicilio social a Valencia. Esa misma tarde, Gas Natural tomó la misma decisión, trasladando su domicilio social a Madrid.

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El proceso secesionista iniciado por el gobierno regional de Cataluña ha provocado la deslocalización de empresas en otras regiones españolas para asegurarse el acceso al resto de España y a la Unión Europea.

Los primeros en marcharse fueron los bancos. Caixabank y Sabadell, el tercer y quinto banco de España por activos, respectivamente, se apresuraron a trasladar sus sedes fuera de Cataluña, entre los temores de una fuga de capitales asociada al riesgo de convertirse en entidades fantasma fuera de la supervisión del Banco Central Europeo en caso de secesión.

Una cascada de otras pequeñas y grandes empresas de diferentes sectores siguieron su ejemplo. De las siete empresas catalanas que cotizan en el Ibex 35, el índice bursátil español, sólo una sigue teniendo su sede en la región.

El gobierno catalán ha perdido su credibilidad en la gestión de los asuntos empresariales. Antes del referéndum, dijo que las empresas de la región no se irían. Pero lo han hecho masivamente. El gobierno también afirmó (y sigue haciéndolo) que Cataluña nunca saldría de la UE tras la secesión. Pero los dirigentes de la UE insisten en que la región tendría que volver a solicitar la adhesión en un proceso que llevaría años.